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COMUNICADO DE PRENSA Bogotá, 27 de noviembre de 2021

27/11/2021

Bogotá, 27 de noviembre de 2021


En el marco de su tradicional apertura al escrutinio internacional, Colombia ha propendido por un diálogo abierto y franco con la comunidad internacional. En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite comunicar que recibe con respeto el comunicado que publicó la CIDH sobre la situación de derechos humanos en el país.

Compartimos con la CIDH, así como con la ONU y la Unión Europea - cuyos representantes estuvieron esta semana en Colombia en el marco del quinto aniversario del Acuerdo Final - la preocupación por la violencia contra personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, pero coincidimos también en que el principal enemigo de nuestra construcción de paz es el narcotráfico y los grupos armados ilegales que se nutren con las economías ilegales asociadas al problema mundial de las drogas y la minería ilegal y, en ese sentido, el Gobierno no descansará en la búsqueda de alternativas para protegerlos de manera integral.

Queremos resaltar que tras la visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se reconocieron los esfuerzos del Gobierno nacional por contrarrestar los flagelos de criminalidad y la voluntad real del Estado para lograr un país en paz.

Agradecemos a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la CIDH su voluntad de promocionar y defender los derechos humanos en nuestro país, así como el apoyo al trabajo decidido con Colombia para impulsar acciones relacionadas con la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento democrático e institucional.

En el caso específico de líderes sociales y defensores de derechos humanos, tal como lo reconoció la CIDH, el Estado ha implementado diversas medidas de prevención de delitos contra líderes sociales y de judicialización de aquellos que lastimosamente ocurren, y mencionó que “a través de estas acciones se logró 67% de esclarecimiento de los homicidios”.  Además, respecto del panorama general de la situación de derechos humanos en el país, sea esta la oportunidad para resaltar que el Estado trabaja constantemente y de manera decidida para implementar políticas y acciones que permitan atender el deber de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos en la jurisdicción nacional y cuya implementación  ha demostrado la reducción, entre otros, en los índices de criminalidad, tal como lo refleja la información suministrada por las autoridades nacionales competentes.


En materia de los dolorosos casos de feminicidio, el Estado ha implementado una policía integral para lograr que, desde la prevención, las mujeres vivan libres de violencia y miedo. Esta estrategia consiste en el fortalecimiento de las comisarías de familia y en la creación y puesta en marcha del mecanismo articulador, una instancia que estandariza la coordinación de acciones entre todas las entidades administrativas, de policía, de salud y judiciales para la prevención y atención de casos de violencia, tanto a nivel nacional como departamental y municipal. En cuanto a la judicialización, con corte a 28 de octubre de 2020 el porcentaje de avance de esclarecimiento de los feminicidios era del 87,59%.  Para el 28 de octubre de 2021, se ha incrementado al 97,59%.


El Estado es consciente de los desafíos que enfrenta pero hace un llamado a la confianza, en la medida que despliega estrategias integrales que buscan efectivamente prevenir las violencias, atenderlas oportunamente e investigar y juzgar a los responsables.


El Gobierno Nacional reafirma su disposición para atender las preocupaciones y observaciones de los órganos internacionales de derechos humanos con la mayor seriedad, oportunidad, rigurosidad y transparencia, consciente que el diálogo para la cooperación positiva es la razón que justifica la importancia que tienen los mecanismos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, el Estado reafirma su apertura al escrutinio internacional, así como su férreo compromiso con la defensa y garantía de los derechos humanos, con especial atención en las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, excombatientes grupos étnicos y mujeres.

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